jueves, 12 de marzo de 2015

Cadena perpetua a niños y niñas

En Estados Unidos, una persona menor de 18 años no puede votar, comprar bebidas alcohólicas, billetes de lotería o cigarrillos, ni prestar su consentimiento en la mayoría de los tratamientos médicos, pero sí puede ser condenada a pasar el resto de su vida en prisión. 

En el informe "Aquí es donde voy a estar cuando muera"Amnistía Internacional insta a las autoridades de Estados Unidos a prohibir la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores de edad y a revisar los casos de más de 2.500 personas que actualmente cumplen esta condena, a fin de que sean conformes a lo exigido por el derecho internacional.

Niños y nñas que tan sólo tenían 11 años en el momento de la comisión del delito han sido condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en Estados Unidos, el único país del mundo en el que se impone esta pena a menores.

En muchos casos se impone como pena preceptiva, sin tener en cuenta circunstancias atenuantes como el historial de abusos o traumas, el grado de participación en el delito, el estado de la salud mental o la receptividad a la rehabilitación.

No se trata de disculpar los delitos cometidos por menores ni restar importancia a sus consecuencias, sino de tener en cuenta el especial potencial para la rehabilitación y el cambio que tienen los niños y niñas infractores.

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor hace más de 20 años, prohíbe expresamente la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años, independientemente de la gravedad de dichos delitos. Todos los países han ratificado la Convención, con la excepción de Estados Unidos y Somalia.

Amnistía Internacional insta a Estados Unidos a ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño sin reservas ni otras condiciones restrictivas e implemente plenamente su prohibición de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, incluidos los casos de personas ya condenadas.

El caso de Jacqueline Montanez

Jacqueline fue declarada culpable en 1993 por el asesinato de dos miembros de una banda rival.   Aunque solo tenía 15 años, fue juzgada por un tribunal para adultos, y no por un tribunal de menores, que habrían tenido en cuenta factores como su juventud, el turbulento entorno familiar o su disposición para la rehabilitación.

Jacqueline comenzó a consumir drogas y alcohol desde los nueve años de edad, y finalmente se unió a una banda callejera, rival de la de su padrastro maltratador. Fue hospitalizada en varias ocasiones por sobredosis y crisis de enfermedad mental.

Ahora tiene 36 años y, después de pasar más de la mitad de su vida entre rejas, se ha convertido en una persona muy diferente. Ha obtenido un diploma equivalente a la enseñanza secundaria, ha cursado casi todos los programas educativos y de formación profesional disponibles, y se ha convertido en adiestradora titulada de perros de ayuda para personas discapacitadas. Es tutora y mentora de jóvenes reclusas y participa activamente en los programas de servicios religiosos que se ofrecen en la cárcel.

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